En la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo, 1972 ) se reconoció la necesidad de adoptar “medidas a gran escala sobre el medio” y se hizo un llamado al respecto. En respuesta a ese llamado, los gobiernos de los países en vías de desarrollo , en mayor o menor medida, iniciaron un proceso de incorporación del tema ambiental en las esferas administrativas y legislativas , lo que ha dado lugar a políticas ambientales por medio de diversas iniciativas legales, técnicas, institucionales y económicas.

En el ámbito de la administración pública del Estado, la gestión ambiental en los años setenta fue encomendada a órganos sectoriales, luego a entidades ambientales a nivel subsecretarías o viceministerios adjuntos al sector salud y posteriomente , en los años ochenta, al desarrollo urbano. Durante el mismo período , las entidades ambientales en países de industrialización y urbanización avanzada se vincularon de manera creciente al sector de desarrollo urbano y vivienda. En algunos casos, la gestión ambiental se abordó desde una perspectiva de planificación, mediante un enfoque intersectorial, bajo las forma de asesorías de alto nivel, cercanas a los poderes ejecutivos (consejos, comisiones o secretarías asociadas a los ministerios de planificación o a las secretarías de las presidencias). Sin embargo, los años ochenta fueron años de dificultades para esta gestión debido a los procesos de ajuste derivados de la crisis económica que golpeó a la región, con lo que disminuyó la capacidad pública para frenar el deterioro ambiental de ecosistemas críticos y controlar la contaminación (Bárcena, 2001).
El impulso hacia la institucionalidad ambiental moderna en los países de la región de América Latina y el Caribe se produjo a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992, cuando los países, mayoritariamente, crearon ministerios como autoridades máximas de medio ambiente, en el marco de un proceso encaminado a dotar a la gestión ambiental de la integración que requiere para ser eficiente .
También los nuevos acuerdos internacionales globales surgidos de la Conferencia de Río en 1992 generaron una serie de cambios institucionales importantes y nuevos mecanismos de cooperación. Por ejemplo, la mayoría de los países crearon entidades específicas tales como comisiones , institutos o programas nacionales de biodiversidad, en respuesta al Convenio sobre Diversidad Biólogica. Asimismo, se iniciaron nuevas evaluaciones como son las comunicaciones nacionales que informan sobre el inventario de gases de efecto invernadero, que cada país elabora en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Los avances en materia institucional también se han proyectado en las instancias supranacionales de integración y cooperación subregional , a partir de la generación de espacios específicos de discusión y trabajo .
En América del sur, esta evolución también ha tenido lugar dentro del acuerdo comercial del MERCOSUR (del que nuestro país forma parte) con la creación , posteriomente al Tratado de Asunción de 1991, del subgrupo de trabajo sobre medio ambiente, en 1995.
Por Decreto 295/2003 se transfirió la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (nuestro máximo órgano ambiental ) al Ministerio de Salud.
Comentarios
Un Trackback