El proceso de integración de las políticas ambientales a las políticas sectoriales, también registra avances y retrocesos.
En general, la incorporación del concepto de uso sostenible de los recursos y conservación del medio ambiente en las diferentes áreas de la producción y de los servicios es incipiente en todos los países de la región.
Tradicionalmente, las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales (salud, educación, agricultura, minería y otras) han tomado muy poco en cuenta la dimensión ambiental.
De hecho, las numerosas “imperfecciones del mercado” que se identifican como unas de las mayores causas subyacentes del deterioro ambiental, expresan esta situación. Lo mismo ocurre en aquellos sectores que aprovechan directamente la biodiversidad o manejan los elementos que la sustenten, como el agropecuario, el forestal, el pesquero y el de recursos hídricos.
Asimismo, junto a la autoridad ambiental principal, numerosas agencias públicas ejercen con frecuencia mandatos en la administración de los recursos naturales renovables (vgr: ministerio o secretaría de pesca, bosques, agricultura, diferentes agencias responsables del agua, de la energía, entre otros) que muchas veces se superponen, generan conflictos institucionales y no permiten establecer responsabilidades claras cuando aparece algún problema que no ha sido previsto y/o solucionado adecuadamente en tiempo y forma.
En este contexto, la posibilidad de orientar las políticas públicas hacia el desarrollo sostenible se hace más compleja, debido a que se tiende a priorizar las políticas de tipo sectorial por sobre aquellas de tipo integrador, como son las de desarrollo sostenible (CEPAL, 2000a, pp. X-XI).
No obstante, cada vez se hace más necesario integrar las políticas ambientales explicitas con las implícitas. En este sentido, se han hecho algunos progresos que se derivan de las nuevas leyes y modelos de gestión, como son las disposiciones que prevén la integración de la dimensión ambiental junto a las dimensiones social y económica en los procesos de planificación nacional, la que otorga a la autoridad ambiental la competencia de definir en conjunto con otras agencias algunas políticas sectoriales.
Además, el creciente tratamiento de temas ambientales en la agenda comercial y viceversa, unido al requerimiento de generar campañas de formación sobre temas ambientales, entre otros, son ejemplos de la necesidad de integración de las diversas políticas públicas (Gligo,2001).
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